Si algo te hace dudar, no dudes en denunciar.

Comunicate con la Línea 145, donde podrás recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata de personas, las 24 horas durante todos los días del año.

Ante la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas de la trata de personas y de promover y proteger sus derechos, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se celebra todos los años desde 2014.

El tráfico de personas es un grave delito y violación de los derechos humanos. Cada año, miles de mujeres cis/trans, niños y niñas, hombres y personas LGBTIQ+ caen en las manos de traficantes. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico, como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.

De acuerdo a un informe elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el año 2019, el 50% de las víctimas detectadas fueron objeto de trata con fines de explotación sexual mientras que el 38% fueron explotadas para realizar trabajos forzosos. Más del 70% de las víctimas son mujeres y niñas.

En Argentina contamos con legislación existente para la prevención y sanción de este delito. La Ley 26.364 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas” fue aprobada en 2008 por el Congreso de la Nación y su objetivo es implementar medidas para sancionar la trata y asistir y proteger a sus víctimas. Esta ley fue modificada en 2012 por la Ley 26.842, que otorgó mayores penas para casos de explotación sexual, con un máximo de 15 años de prisión, y se determinó que aunque la víctima hubiese tomado decisiones –siempre con engaños para poder ser explotada-, esto en ningún caso exime de responsabilidad al tratante. La ley fue tratada de urgencia luego de la absolución de los 13 acusados por la desaparición de Marita Verón en Tucumán.

En 2015, con el Decreto 111/2015 se reglamentaron algunos artículos de la Ley 26.842, permitiendo, entre otras cuestiones, nombrar la inclusión de la noción de restitución de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas para que dejen de ser sujetos vulnerados de derechos, la posibilidad de que la víctima obtenga patrocinio jurídico gratuito por parte del estado, la atención especial sobre el destino que quieran tener las víctimas luego de ser rescatadas y la inclusión de vivienda digna para la víctima.

Según datos oficiales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el Delito de Trata (PNR), a cargo del Ministerio de Justicia de la Nación, desde que se promulgó la Ley 26.364 en 2008 hasta agosto 2020 inclusive, fueron rescatadas y asistidas 15.420 personas, todas víctimas sometidas a distintos regímenes de explotación sexual y laboral.

De este total histórico, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2020, de las 446 personas rescatadas y asistidas en situación de trata, la mayoría de ellas (282 personas) estaban en situación de trata laboral. Del total de los rescates, 243 de las víctimas fueron varones, 198 mujeres Cis y 5 Trans, y los rescates se dieron mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires (300), Mendoza (34) y San Juan (24). Además, la Línea 145 – línea telefónica nacional y gratuita que ofrece protección, asistencia integral y especializada a las víctimas las 24 horas del día y que se encuentra en funcionamiento desde 2012 – recibió 1082 llamados en el período analizado, de los cuales el 32% fueron denuncias realizadas por las damnificadas y los damnificados, aumentando un 6% respecto a las mismas recibidas en 2019.[1]

Cabe mencionar que el  PNR tiene como objetivo el rescate, acompañamiento y asistencia médica, social, psicológica y jurídica a las víctimas, desde el momento en que se realiza el allanamiento, hasta que se produce la declaración testimonial. El PNR está formado por profesionales especializados y especializadas en trata de personas y violencia de género, que siempre desde una perspectiva de derechos humanos buscan garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de trata y explotación de personas y para su familia.

En el Observatorio entendemos que la capacitación y la disponibilidad de recursos para comunicadores y comunicadoras pueden producir un impacto en la cantidad y calidad de las  informaciones que se generan. Por ello, con ese objetivo tenemos a disposición una guía de recomendaciones para el tratamiento mediático de casos relacionados a la trata de personas, que se encuentra disponible en nuestra página web.

A partir de estas recomendaciones, buscamos promover la reflexión y la formación profesional en la búsqueda de buenas prácticas periodísticas. Porque entendemos que la mejor manera de erradicar a la trata de personas es seguir trabajando para la evolución y maduración de la sociedad en que vivimos hacia verdaderos cambios sociales y culturales, generando conciencia sobre la igualdad de oportunidades y derechos y educando para desnaturalizar las relaciones de poder basadas en patrones culturales que reproducen las desigualdades de género y que favorecen la dominación y el abuso de un sexo por el otro.

Combatir el delito de trata de personas es una responsabilidad y obligación permanente de todas, todos y todxs.


[1] https://www.argentina.gob.ar/noticias/15420-victimas-de-trata-fueron-rescatadas-en-los-ultimos-12-anos